Con medidas sustitutivas a la detención carcelaria fue beneficiado este viernes el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, quien es el principal acusado de la agresión al pueblo ayoreo en Concepción, durante el paro cívico en Santa Cruz.
En audiencia cautelar se dispuso arraigo, fianza de Bs 20.000, orden de presentarse cada siete días ante la Fiscalía y prohibición de acercarse a los denunciantes contra el subgobernador, designado por el gobernador Fernando Camacho, uno de los organizadores de paro cívico.
Velásquez fue aprehendido el 30 de noviembre y trasladado a celdas policiales en la ciudad de Santa Cruz. Se acogió a su derecho al silencio y este viernes fue llevado a una audiencia cautelar, donde se dispuso su libertad con medidas sustitutivas.
El subgobernador y un grupo de personas arremetieron violentamente a fines de octubre contra indígenas que bloqueaban la carretera de Concepción en rechazo al paro cívico impulsado por Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por censo en 2023. Al final aceptaron que el empadronamiento nacional sea en marzo de 2024.
También promovieron en un cabildo en Concepción la expulsión de los ayoreos del municipio.
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio de Justicia, presentó la denuncia contra Velásquez, y los cívicos de Concepción David Moreno y Jhonny Gómez por los delitos de racismo y discriminación en contra de pobladores ayoreos.
ABI