Qué tienen que ver Hugo Chávez y Pedro Castillo con la petición de examen médico a Petro?
El fantasma de la supuesta incapacidad de un presidente para gobernar vuelve a América Latina. En esta oportunidad, la sombra de la duda se ha posado sobre el mandato del colombiano Gustavo Petro, que le salió al paso a las insinuaciones de la oposición y dijo que no tiene impedimentos para seguir en el cargo.
La incapacidad física o mental de un jefe de Estado para ejercer sus funciones, real o supuesta, ha sido uno de los recursos utilizados por quienes buscan una salida rápida e indolora para poner fin a un mandato a través de una vía no electoral –y aparentemente constitucional– sin el paso previo de las elecciones.
Los eventos de este tipo más cercanos, en tiempo y relevancia, ocurrieron en Venezuela y en Perú. En el primero, los intentos de la oposición, conformada por los grupos políticos tradicionales, no cuajaron a pesar de la insistencia; mientras que en el segundo, la derecha parlamentaria logró finalmente su cometido de sacar al presidente, en un país donde esa práctica se ha convertido en habitual.
¿Qué pasa en Colombia?
Los partidos opositores Cambio Radical y Centro Democrático introdujeron ante el Senado colombiano una petición para que se examine médicamente al líder del gobernante Pacto Histórico, «a fin de que se determine la existencia o no de incapacidad física o mental permanente del primer mandatario».
Las razones que esbozaron están relacionadas con un detallado conteo de las ausencias del mandatario a por lo menos 85 eventos a los que debía acudir.
Carolina Arbeláez, integrante de la bancada de Cambio Radical en la Cámara de Representantes, dijo a Blu Radio que es «urgente» conocer el estado de salud de Petro porque, en su opinión, «no es normal que en más de 80 oportunidades haya cancelado la agenda nacional e internacional».
Por su parte, Christian Garcés, miembro de la Cámara baja por el uribista Centro Democrático, planteó en una entrevista con Caracol que si el presidente tiene un enfermedad, «es bueno que se le informe a Colombia, y si tiene un problema de adicción, entonces debe tener un tratamiento para dar tranquilidad; esto es un caso de transparencia».
Petro, aunque no se ha referido directamente a su salud, dijo el pasado jueves que constantemente recibía insultos y que diariamente lo llamaban loco. Ante esos señalamientos, afirmó que su única locura es «la democracia, la libertad y la justicia».
¿Es viable la salida de Petro?
La Constitución de Colombia establece en su artículo 194 lo siguiente:
Al respecto, en un artículo de El Tiempo se afirma que «no hay mayor sustento legal frente a este tipo de requerimientos» y que no está definido normativamente el «camino por seguir para que el Congreso pudiese decretar una falta temporal o absoluta». Asimismo, no existe una «obligación» por parte de Petro para que acceda a someterse a la evaluación médica requerida por sus opositores.
El presidente ha denunciado en varias oportunidades que está en marcha un plan de «golpe blando» en su contra, impulsado desde la Fiscalía, que ha tenido eco en los medios de comunicación y en sectores políticos conservadores. Petro considera que estos señalamientos buscan evitar que culmine su mandato y que la Corte Suprema pueda elegir al nuevo titular del Ministerio Público.
La «incapacidad moral» de Castillo
En el caso del expresidente peruano Pedro Castillo, la declaratoria de «incapacidad moral» fue la carta que estuvo sobre la mesa desde un principio, y que finalmente resultó triunfadora.
En diciembre de 2021, con menos de cinco meses en el cargo, el Congreso rechazó esa petición hecha por sus adversarios políticos. Sin embargo, la oposición volvió a enfilar sus baterías para lograr la vacancia y utilizó el mismo recurso en marzo de 2022, cuando tampoco prosperó.
La estocada final fue en diciembre de 2022, cuando el Parlamento oficializó la vacancia del presidente y lo declaró en «permanente incapacidad moral» por la «grave situación» que generó al «pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional».
