El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, demandó a los operadores de justicia “activar lo más antes posible” las demandas presentadas contra los autores de la violación de derechos humanos y delitos durante los 36 días de paro en Santa Cruzo, para “sentar un precedente”.

Novillo negó que en Bolivia haya persecución política, como pretenden hacer ver los líderes del paro en Santa Cruz como el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

“El actuar de la Justicia tiene que garantizar a todos los ciudadanos, en toda circunstancia, ya sea en movilización pacífica o reivindicación, a que no se vulnere sus derechos a su integridad física, a su vida, ni tampoco a sus bienes, la justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, demandó.

Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos, saqueo de la Central Obrera Departamental y de negocios que se resistían a paralizar sus labores. Grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la extrema medida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra Camacho y Calvo por los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz.

El denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca presentó la denuncia por delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo.

En La Paz también fue presentada una denuncia por la COR de El Alto en contra de Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, líderes de un paro caracterizado por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.

A pesar que el paro tenía como bandera censo 2023, Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, terminaron aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el censo 2024, como se lo había planteado antes y en el primer día paro de cívico.

“Lo que hace la oposición al ver que va a ser imposible que en una ley se pueda aprobar la fecha del Censo en octubre 2023, que era lo que pretendían, no tienen otra alternativa que adherirse, de coincidir con nosotros en la votación para aprobar esa ley de aplicación de los resultados del censo”, explicó.

ABI