AHORA el PUEBLO
En el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitido el 25 de marzo de 2022, en su “informe anual” sobre la situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada y en su informe sobre asentamientos, presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se analiza la situación general de los derechos humanos, las implicaciones de los asentamientos israelíes, el uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de las fuerzas de ocupación contra civiles palestinos, además de las violaciones del derecho internacional humanitario durante la agresión israelí a Gaza, la política de castigos colectivos y detenciones arbitrarias, los abusos, las restricciones a la libertad de movimiento y actividades cívicas, así como el desplazamiento de la población palestina de sus hogares, la escalada de violencia de los colonos y las ejecuciones extrajudiciales; considerando que las violaciones israelíes del derecho internacional equivalen a crímenes de lesa humanidad. Estos datos evidencian que “no hay más ciego, que alguien que no quiere ver”.
Un día antes de este informe, el relator especial de la ONU, Michael Link, emitió su informe sobre la situación en Palestina; en dicho informe dice que la situación en Palestina “se eleva al nivel de apartheid” que es lo mismo que afirmó Amnistía Internacional en su informe anual, emitido en febrero, cuando desarrolló y describió extensamente la situación en los territorios palestinos ocupados.
A la luz de todos estos datos, cabe preguntarse si hay alguna razón para que “el mundo tuerto” reconozca que hay una ocupación israelí en Palestina y que se deben imponer sanciones inmediatas para poner fin a esta ocupación. Hay más de 9.000 presos palestinos en cárceles israelíes, cerca de 4.700 detenidos administrativos sin causa, entre los cuales hay 165 niños y más de 500 mujeres, unos 600 presos que padecen enfermedades, incluidos 4 presos con cáncer; destacar también la muerte de 227 presos en el interior de las cárceles de ocupación como resultado de la tortura y la política de negligencia médica. Todo ello implica que la defensa ciega de Israel es una vergüenza por tratarse de un estado que actúa por encima y al margen de la ley.
Israel, la potencia ocupante, ha anunciado su disposición a recibir a más de 100 mil refugiados judíos de Ucrania aprovechando el sufrimiento humano de los refugiados, a sabiendas de que los refugiados palestinos que actualmente suman más de siete millones y que han sido desplazados por la fuerza militar y expulsados por bandas sionistas desde 1948 son los dueños originales de la tierra y quienes gozan del derecho nacional, histórico, moral y jurídico garantizado por las resoluciones de legitimidad internacional y que, a pesar de ello, aún no han sido autorizados para ejercer su derecho de retorno a sus hogares.
Lamentablemente, estamos presenciando cómo se está recibiendo en algunas capitales al primer ministro del estado ocupante y de apartheid como mediador para la paz. Todo aquel que quiera la paz en el mundo, debería comenzar por Palestina para terminar con décadas de ocupación y deberá propiciar el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. El que quiera rendir cuentas y poner sanciones debe hacerlo comenzando por Israel porque constituye un sistema de ocupación racista de asentamientos y de apartheid que impide la solución de los dos estados.
Israel está exagerando deliberadamente su preocupación por las crisis internacionales para escapar de dar solución a los derechos del problema palestino. El Estado ocupante continúa explotando las crisis internacionales y los giros políticos en la región y en el resto del mundo ofreciendo su ayuda y, de forma premeditada e intencionada, eleva el nivel de su interacción con los problemas del mundo y de la región para desviar la atención del problema palestino. La pretensión artificial de Israel por mostrar preocupación unas veces con el expediente nuclear iraní, otras con la crisis de Ucrania o con el calentamiento global o con otros temas globales, no logrará sacar y marginar la causa palestina de la agenda de las preocupaciones internacionales, tampoco podrá evadirse de su deber de resolver el conflicto palestino-israelí; no logrará liquidar los derechos nacionales justos y legítimos del pueblo palestino. Israel pretende permanentemente cerrar la puerta a cualquier oportunidad de establecer un estado palestino en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital.
La comunidad internacional se deja arrastrar voluntariamente por la engañosa política acrobática de Israel, especialmente en lo que respecta a los resultados y consecuencias de la política de doble moral en el tratamiento de la abominable ocupación israelí en la tierra del Estado de Palestina, con la pretensión de alejar la implementación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con la causa palestina. Una vez más, la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y de las Naciones Unidas está en juego. La prueba real y seria de la cohesión del sistema global y su no colapso está relacionada con su capacidad para obligar a Israel a poner fin a su ocupación de las tierras del Estado de Palestina, permitiendo que el pueblo palestino, como el resto de los pueblos del mundo, ejerza su derecho a la libre determinación.