La Defensoría del Pueblo consideró este jueves que la estigmatización y la discriminación aún prevalecen en Bolivia y son los factores que impiden un “pleno acceso” al tratamiento de las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Esta jornada se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en ese marco la Defensoría del Pueblo se comprometió a “continuar con acciones para garantizar los derechos fundamentales de las personas con VIH/Sida”.
“La Institución Defensorial reconoce que en el país existen progresos en cuanto a la respuesta al VIH, no obstante, observa que aún persisten manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia esta población, lo que impide el acceso universal de la prevención, tratamiento, atención y apoyo a las personas afectadas con el virus”, indica un pronunciamiento institucional.
El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, si no se trata puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en la actualidad no hay una cura eficaz.
Durante el Gobierno del presidente Luis Arce se presupuestó Bs 18 millones para el tratamiento antirretroviral gratuito, servicios de atención, detección y pruebas para personas infectadas con VIH-SIDA.
Según datos del Ministerio de Salud, en Bolivia 26.207 personas viven con VIH-SIDA, quienes tienen garantizado el tratamiento antirretroviral de forma gratuita y cuentan, además, con el Sistema Único de Salud (SUS), que garantiza una atención integral de salud gratuita para quienes no tienen seguro social.
En los últimos 10 años, la Defensoría del Pueblo “registró una media de 18 denuncias por año, respecto a vulneraciones de derechos de la población con Sida, hechos que se produjeron en los servicios de salud de los tres niveles, también en entidades de la seguridad social, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial”.
La mayor cantidad de denuncias corresponden a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro; y están vinculadas a la vulneración de los derechos a la salud, igualdad, no discriminación, petición y respuesta, derechos laborales, garantías del debido proceso y acceso a la justicia.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a mejorar la atención y protección a las personas que viven con VIH y a brindar información adecuada, pronta y oportuna.
ABI