La violencia desatada por los grupos de choque en Santa Cruz y el pago de sueldos y salarios en la Gobernación y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) a personal que estaba en puntos de bloqueo sin trabajar debe ser sancionado en lo penal y administrativo, pero llegando a los máximos responsables, consideró el analista Emilio Rodas.

“Estas cosas no pueden quedar en la impunidad, no pueden decir que es un movimiento político, es un movimiento delictivo porque se ha golpeado a la gente, se ha tratado de imponer el terror”, aseguró en una entrevista en Bolivia Tv sobre la extrema medida de presión que lleva 34 días y que está marcada por la violencia, racismo y discriminación.

Datos del Gobierno dan cuenta de cuatro muertos, más de 200 heridos y otros hechos como la quema y saqueo de la sede de campesinos, además del saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental. En los últimos días gente vinculada a la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacó y saqueó negocios de gente que buscaba trabajar.

“Encaja perfectamente todo lo que ha ocurrido en Santa Cruz en delitos, se ha violado la Constitución, se ha impedido la libre circulación y hay responsables. Hay autoridades que han dejado su responsabilidad pública, para salir a las calles y poner a los funcionarios para que bloqueen, han hecho abandono de funciones”, denunció.

El gobernador Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar convocaron al paro y sumaron a sus respectivas instituciones públicas a la extrema medida. Como los funcionarios de la Gobernación, el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, aseguró en una entrevista que los funcionarios y docentes universitarios seguirán cobrando sus sueldos, pese a no pasar clases.

“Estas cosas no pueden quedar en la impunidad” y debe “llagarse al más alto nivel (de responsabilidad), porque terminamos agarrando a los palomillos que son los operadores, los que cumplan la orden, pero sabemos que esa orden tiene un nivel de jerarquía donde baja y sale la plata”, aseguró.

En puntos de bloqueo están operando grupos violentos que armados de palos y otros objetos impiden la libre circulación, incluso, de personas en bicicleta. También se evitó el paso de ambulancias y de personal médico, como se vio en varios videos que circulan en redes sociales. Los puntos de bloqueo se convirtieron en “peajes”.

Periodistas también fueron atacados cuando cumplían su labor de informar.

“Hay que recuperar el Estado de derecho en Santa Cruz, porque si no estaremos condenando al pueblo cruceño a vivir bajo un régimen fascista, donde el crimen es el método político, y eso no puede consolidarse. Necesitamos darle señales al pueblo cruceño de que vivimos en un Estado de derecho y que vamos a protegerlos”, consideró.

Rodas aseguró que la Contraloría General del Estado debe actuar e indagar sobre el manejo de los recursos públicos en este tiempo de paro en la universidad y gobernación.

“La plata que se les asigna debe ser respondida, cómo van a justificar en octubre y noviembre esos pagos”, cuestionó.

Camacho, Cuéllar y el cívico Rómulo Calvo mantienen el paro, pese a que reconocieron que no es posible el censo en 2023 y decidieron apoyar la propuesta del Gobierno de censo en 2024 con redistribución de recursos de coparticipación tributaria y reasignación de escaños legislativos.

ABI